Creo que la fase actual se caracteriza por un afán de las mafias políticas por destruir o controlar absolutamente las instituciones en un estilo y modo que les favorezca. Esto se ha visto acrecentado por las normas que se han aprobado en las últimas semanas en el Congreso de la República y también, en actuaciones desde el Ejecutivo, donde se busca eliminar o reducir conceptos fundamentales del Estado de Derecho para favorecer, sobre todo lo que podemos calificar sin ambages, como delincuencia política. Recordemos que, en el Congreso, según el Ministerio Público y el Poder Judicial, hay alrededor de 70 congresistas procesados por distintos delitos, lo que marca la actuación que esta gente está adoptando. Es decir, buscan por todos los medios alterar las normas vigentes que los responsabilizaban por esos delitos para diluirlas y hacer que los favorezcan y que finalmente salgan libres.

Esto lo hemos visto a través de una serie de medidas y una de las últimas, ha sido la de aprobar una amnistía para los que hayan cometido delitos contra los derechos fundamentales en la época del terrorismo, estableciendo que no son crímenes de lesa humanidad y favoreciendo a los que sean mayores de 70 años, lo cual en la práctica significa que se abren las puertas de las cárceles para una gran cantidad de sentenciados que estaban cumpliendo condenas. Esta es una situación muy grave que no hace más que coronar esta tendencia que se acentúa. Lo que quiero decir, es que estamos viviendo una grave restricción del régimen democrático, alterándolo profundamente y avanzando en lo que calificamos como un régimen híbrido hacia una dictadura del crimen, lo que es muy serio para el país.

Claro. La campaña viene desde hace ya un buen tiempo. Recordemos el afán por desmontar al equipo de fiscales que ha investigado y procesado varios casos de lo que significó los sobornos de las constructoras brasileñas, Odebrecht, OAS y otras, que han definido que se reduzcan sus facultades, se modifiquen normas que tenían que ver con la detención preliminar, con el tiempo de la colaboración eficaz, y que apuntó a destruir en la práctica el equipo de policías y de fiscales que combatía a la corrupción, incluso sacando del cuerpo policial al coronel Colchado, que era quien con eficacia encabezaba dicho grupo.

Y mañana. tarde y noche golpean a los fiscales que desarrollan esa labor y a los jueces que le dan curso a las acusaciones que provienen de esos equipos del Ministerio Público. Es abiertamente un favorecimiento a la corrupción practicada desde el poder político, tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo. Y en la práctica, en mi opinión, sólo sobreviven, como lo puede percibir la opinión pública, algunos sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial en este empeño, mientras que el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, aparecen como cómplices de los procesos de corrupción y avalándolos en todo lo que puedan. Como señalo, eso lo que genera, por cierto, es una restricción o conversión de nuestro sistema político en un régimen híbrido, en una democracia cada vez más pálida por el predominio de este tipo de organizaciones.

Creo que las instituciones, por supuesto, son perfectibles, pero la justicia es lenta en el Perú por dos razones, en mi opinión. Una, por falta de recursos, y otra, por el impresionante ejército de abogados al servicio de la corrupción, lo que provoca un círculo perverso, porque enredan con una cantidad de trampas y leguleyadas, para demorar todo lo que puedan los juicios existentes. Si no veamos los procesos contra Fujimori.

Fujimori murió sin que se pudiese desarrollar a plenitud su responsabilidad en las matanzas de Pativilca, donde estaba claramente formado el cuaderno de acusación, pero sus abogados enredaron de tal forma el juicio y lo dilataron desde el año 92, hasta la muerte de Fujimori durante décadas, logrando que se posponga. Entonces, ahí hay que ver las dinámicas que lamentablemente no contribuyen. Es decir, esta gente se empeña en ponerle palos a las ruedas de la justicia, con un apoyo muy fuerte de los grandes medios de comunicación.

Todos los fines de semana, durante años, vemos desfilar a todos los tinterillos de las mafias y constituyen buena parte de las principales entrevistas políticas, entre comillas, defendiendo a todos estos personajes, mientras se las ingenian para remover jueces o fiscales que combaten a la corrupción, y mientras debilitan todo el entramado legal que podría favorecer precisamente para que la justicia sea más ágil. Pero lo que tenemos ya desde hace un buen tiempo, son todos los casos ante el poder judicial, y ahí sí actuando, por supuesto, a sectores corruptos, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, para evitar que los procesos contra las mafias prosigan. Yo creo que ese es el problema fundamental, la capacidad que lamentablemente tiene la corrupción y la ultraderecha política para frenar, entrampar y distorsionar el curso de estos procesos.

La mayoría de los procesos importantes están todos ante el Poder Judicial, están ya presentados, pese a todas las dificultades. Lo que, en mi opinión, hay que subrayar es el peso y el poder de la corrupción. Es cierto lo de los fiscales y jueces provisionales, pero esa es una responsabilidad fundamental de las fuerzas políticas predominantes, que les interesa mantener esa situación justamente para entrampar los procesos y favorecer la corrupción. Lo que hay son este tipo de situaciones donde la ex fiscal de la Nación exculpa a su hermana, pese a las claras denuncias por narcotráfico, y la hermana es repuesta contra viento y marea por la Junta Nacional de Justicia designada arbitrariamente, que es una denuncia hecha por los observadores internacionales que participaron en esa designación, que estaban espantados por cómo se violentaba todas las normas y cómo se nombraba atropellando todos los requisitos jurídicos democráticos a esta última JNJ. Entonces, lamentablemente, eso es lo que sucede.

Igual con el Tribunal Constitucional, que ha sido designado por fuerzas políticas oscuras que están impregnadas por la corrupción y que controlan el Congreso de la República. Entonces, el problema principal es, por supuesto, un problema político. Hay que bregar por recuperar el predominio, la vigencia de fuerzas políticas democráticas que defiendan el Estado de Derecho Constitucional.

Todo eso está siendo golpeado duramente. Y, por otro lado, se ha normalizado, entre comillas, en esta sociedad que se presenten estos tinterillos de los gánsteres, estos abogados que andan con la música del dinero de los corruptos, que dicen cualquier cosa, falacias y argumentos absolutamente insostenibles, que son francamente vergonzosos si estuviéramos en una sociedad más consistente, pero que los grandes medios se encargan de publicitar, y donde en general también hay un periodismo mayormente débil, incapaz de discutir y que se quedan callados ante las barbaridades que dicen estos personajes, que no hacen más que mentir, son una especie de mitómanos compulsivos que viven esperando la comprensión de las cosas, pero están entrenados para eso y medran en los grandes medios de comunicación. Y mucha gente cree que esa es la realidad.

Por eso estamos viviendo un momento sumamente serio, donde son pequeños núcleos de fiscales y de jueces que aún se mantienen en la defensa del Estado de Derecho Constitucional, que son los que están bregando contra viento y marea, contra toda esta enorme ola de corrupción que controla el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Los especialistas calculan que el monto de tráfico ilegal de oro asciende a los 12.000 millones de dólares, lo señaló hace unos meses el exministro Rolando Mucho y lo ha vuelto a reiterar el Instituto Peruano de Economía (IPE), que no tiene el menor ápice de crítico, sino al revés, es defensor del neoliberalismo y que coincide con esta cifra. Tengo la impresión que es inclusive mayor, que es un oro que está ahora muy por encima de los 3.000 dólares la onza y que va fundamentalmente a Bolivia, donde se reexporta a los Estados Unidos, a la India, a países europeos. En fin, es un mercado sumamente atractivo y que ya hace mucho tiempo viene destruyendo el medio ambiente en varios lugares del país y que ha producido una gigantesca ola de invasiones en las concesiones mineras.

El problema, más que fijarse solamente en una supuesta norma para la minería artesanal y la pequeña empresa, diría que lo que se trata es de revisar la Ley General de Minería, porque las leyes mineras en el Perú otorgan concesiones que no diferencian etapas, prácticamente indefinidas a las empresas que logran aquellas, y eso ha hecho que alrededor de 20 millones o más de hectáreas del territorio peruano estén concedidas ad aeternum, y que las empresas mineras formales, las grandes y las medianas, apenas explotan el 3% de esa cantidad de hectáreas concedidas, y esto se produce porque no está incluida en la ley una norma que es fundamental y que se aplica en los países mejor organizados, incluso en la propia América Latina, que es distinguir las fases de la concesión. Entonces, se concede por un tiempo determinado, generalmente menor, la exploración y luego por un tiempo más amplio, la explotación. La exploración puede concederse por 5 o 10 años, de acuerdo al territorio que se va a investigar, explorar por parte de la empresa minera, y luego, si es que obtiene resultados positivos, ya la explotación es por más años, 20, 30, 40, en fin, de acuerdo a las condiciones específicas.

Pero en el Perú no sucede eso. Esto pasa en Chile, en Colombia, en México, en los países mineros del continente y en los países desarrollados igual. Pero aquí no sucede nada de eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Que durante décadas el territorio con posibilidades mineras ha sido prácticamente entregado en su totalidad, a estas grandes empresas ya formalizadas, la mayor parte de ellas de capital extranjero o nacional, asociado con el capital extranjero. Entonces, este es un punto fundamental.

Por otro lado, el otro problema muy grave es que la minería ilegal ha irrumpido en zonas protegidas por las normas medioambientales, explotando la minería aluvial o fluvial, en ríos, sin importarle un ápice la destrucción del ambiente. Sucede en Madre de Dios, en el río Amazonas y se extiende en otros cuerpos de agua de nuestro territorio, y eso es terrible. Esto ya tiene también varios lustros de explotación, ha empezado con mucha fuerza hace unos años en el Amazonas y son bandas armadas con grandes recursos, organizaciones criminales que traen inversiones de fuera, grandes mafias internacionales en muchos casos, que se manejan con una enorme cantidad de recursos y no se someten a ninguna ley, no solo eso, sino que han establecido una especie de sistema de explotación esclavista, de trata de personas, explotación de menores de edad, que se enfrentan armas en mano a los pobladores de la zona, incluso a las fuerzas armadas y policiales, no tienen el menor reparo por la enorme cantidad de recursos que tienen.

Todo esto es un problema que ha ido creciendo y que los gobiernos han tratado de soslayar con este certificado administrativo, el REINFO, que en la práctica es una licencia para delinquir, porque esta ola invasora en concesiones cuyos explotadores, por supuesto, no quieren llegar a ningún acuerdo con estos invasores, ha producido un estallido que ahora es sumamente severo, y por supuesto la situación no se entiende ni de un lado ni de otro, porque por un lado los invasores son legitimados por el Estado, luego se les quita y como no pueden cumplir, porque no hay quien los fiscalice ni les exija nada, no pueden cumplir con normas elementales y quieren seguir medrando a como dé lugar.

Y, por otro lado, las grandes empresas no quieren soltar un ápice de los millones de hectáreas concedidos para explotación que tampoco realizan. Entonces, el Estado ha generado ahí una especie de callejón sin salida, por tanto, creo que lo que hay que hacer es revisar la Ley General de Minería y establecer condiciones para que, las explotaciones que ya están concedidas y que son formales en las áreas donde se producen, continúen, y los proyectos serios de estas grandes empresas puedan también desarrollarse en la medida que cumplan con condiciones fundamentales, entre ellas el respeto a las leyes ambientales; y por otro lado, el amplio territorio que no explotan tiene que ser renegociado en términos de poder e incorporar a estos pequeños y medianos en su explotación, lo cual a su vez también requiere definiciones precisas, porque si uno revisa las normas del REINFO y estos proyectos de ley, es muy curioso, porque resulta que el pequeño minero es el que extrae 25 toneladas al día y eso no es pequeño, pues en ningún sector productivo, 25 toneladas al día de roca exige una inversión enorme en los socavones, en personal, en explosivos, en materiales, en el traslado del material extraído, y cuál era la gran novedad de los ponentes que querían para resolver el problema, ampliar de 25 toneladas a 50, lo cual no hace más que legitimar el capitalismo salvaje de estos invasores.

Además, el mineral que extraen lo llevan a una gran cantidad de plantas procesadoras, que a su vez requieren también otra inversión muy grande, porque se trasladan en volquetes que además tienen capacidad para un gran volumen de material, no es el volquete normal de construcción civil ni nada por el estilo, son camiones especiales para transportar esto, lo trasladan por todas las carreteras del país a una veintena de plantas procesadoras, que a su vez requieren una gran inversión. Entonces, estamos ante uno de los sectores más evidentes de lo que significan las economías delictivas en el Perú y el dominio que tienen sobre el Estado, sobre la política, sobre el Congreso, sobre el Poder Ejecutivo y junto con el narcotráfico, con el contrabando, con el tráfico de madera ilegal, con la trata de personas, se han convertido, pues, en los componentes del 80% de nuestra economía.

Cierto, has tocado un punto medular, porque en realidad lo que sucede en el Perú es que el 20% de la economía formal vive del 80% del informal, por eso es que no la combaten con eficacia, son cómplices, como señalas, en todos los terrenos.

La minería necesita, por supuesto, una cantidad de inversión muy alta y una gran cantidad de insumos, entonces lo que, entre comillas, es denominado como el pequeño minero de 25 toneladas al día, que es una cantidad enorme de rocas y de material, necesita, hacer una muy buena inversión para excavar los socavones, mantenerlos en condiciones de funcionamiento, ahí necesitan acero, madera, especialistas, si no se morirían o quedarían enterrados en el socavón. Necesitan, explosivos, taladros, en fin, toda una maquinaria de enorme costo, para eso que cínicamente denominan pequeña minería o minería artesanal, porque uno imaginaría al minero artesanal como el gambusino de la fiebre de oro que va con su colador y se ponen cuclillas de un río a buscar pepitas de oro o arena que luego trata de procesar con algo de mercurio, esto es enorme, es gigantesco.

Lo estamos viendo con esta paralización de los mineros, cómo se movilizan en grandes camionetas, con grandes recursos y en el Perú han aparecido ciudades hace ya mucho tiempo o pueblos que ni siquiera están en el mapa, controlados por los mineros ilegales, con una gran inversión y que tienen toda una dinámica propia y en las cuales no hay ley.

El problema grave es que buena parte, no todos, porque siempre hay excepciones, pero buena parte de la gran empresa concilia porque le es favorable con los sectores de las economías ilegales o informales o abiertamente delictivas. Y eso sucede en todos los terrenos, igual el narcotráfico que no se explicaría si es que alguien no les vende los insumos que necesitan para procesar la droga. No se justificaría si es que no hubiese acceso libre o fácil a los insumos para el procesamiento.

La cocaína es realmente un producto industrial. Eso no surge de la planta de coca y todos esos insumos. Durante años hemos escuchado a las autoridades decir que van a seguir la huella, van a poner el acento en ello, pero no pasa nada. O sea, se siguen vendiendo todo lo que necesita el narcotráfico. Y con el contrabando pasa lo mismo, de vez en cuando nos enteramos por ahí que detuvieron un camión, un alijo, pero en general todo eso va funcionando en una dinámica donde se cruzan los intereses, pero es muy claro en la minería ilegal y el narcotráfico. Y también en el tráfico de madera, por la cantidad de madera extraída.

Ha habido a lo largo del tiempo denuncias muy importantes de organismos extranjeros, inclusive, de cómo buena parte de la madera que se procesa en el país a través de madereras legales es extracción delictiva, extracción criminal, depredando bosques amazónicos. Pero que ahí está, se sigue procesando y las fábricas que lo hacen, los aserraderos, siguen como si tal cosa no pasara nada. Algunos supuestamente formales, pero la materia prima les viene de la extracción predatoria y destructiva del medio ambiente. Entonces, este es un problema en el que se asienta nuestra economía.

A ello habría que agregar que el Perú es el único país del continente que tiene un sistema financiero paralelo legalizado hace décadas. Lo que se llama el dólar de Ocoña, ese dólar paralelo, ¿de dónde viene? De todas estas actividades delictivas y el sistema financiero se alimenta de ello. Directa o indirectamente y sin ningún problema. Pues el Banco Central, cuya misión fundamental es controlar la inflación sopesando la correlación entre las masas monetarias, tiene que hacerlo cotidianamente con toda esta gigantesca masa de recursos que entra por estas economías delictivas. Entonces, el resultado es que en este país los dólares abundan. Es el fruto de todo esto.

Y esto es transformado como si todo estuviese muy bien y que la economía peruana, como dice la presidenta, es la mejor de América Latina. Es un autoengaño que nos lleva a tapar toda esta situación tan grave. Que nos sustentamos en economías delictivas, y que, lamentablemente, sus representaciones políticas están predominando abiertamente en el Congreso.

Creo que están preparando un fraude para afianzarse en el poder el 2026. Jugando con esta dispersión de los grupos políticos en 43 organizaciones, me temo que prácticamente no existirán alianzas y que vamos a tener unos 35 o 40 candidatos fácilmente.

Ello supondría que, en una dispersión del voto, quienes pasen a la segunda vuelta lo harían con un respaldo muy escaso. Basta con superar el 5% y esto solo podría ser conseguida por tres o cuatro agrupaciones, mientras todo el resto quedaría descartado. Estas tres o cuatro a su vez controlarían el Congreso, entonces lo que necesitan es garantizar que estas que pasen efectivamente, controlen todo el poder y a eso están apuntando.

Mientras se generan las condiciones para someter a unos organismos electorales que ya han demostrado que son bastante débiles y permeables, tienen ahí gente con antecedentes muy negativos que están en el juego de la corrupción y de la delincuencia política. Esta mesa directiva del Congreso estará en consonancia con ello, en función de sus menudos juegos, pero básicamente el poder legislativo seguirá controlado por los grupos que lo manejan ahora.

En cuanto a las fuerzas que pasen a una segunda vuelta, lo que veo ahí es un predominio de estos mismos sectores, del fujimorismo, de Acuña, Luna, de la ultraderecha con ese imitador de Trump que es López Aliaga y algún otro más por ahí, pero no veo muchas opciones impactantes, salvo que dejen que Vizcarra se presente y si es que lo logra a tiempo, que sus recursos ganen en la Corte Interamericana, porque él está claramente para pánico de todos los demás, encabezando las encuestas y por encima de Fuerza Popular o de López Aliaga, pero dudo que ese panorama se configure.