La Asamblea Constituyente de 1978 convocada como fruto de la presión política y social para poner fin a la larga dictadura militar iniciada diez años antes, fue la única plenamente democrática del siglo XX.

El largo gobierno militar que sufrió su primera gran crisis con el golpe de Francisco Morales Bermúdez en 1975 no pudo continuar con la dinámica de los primeros años pues se generó un vasto movimiento social que demandaba el regreso de los militares a los cuarteles. La protesta demostró su fuerza con el paro nacional del 19 de julio de 1977 que obligó a los gobernantes ante la movilización social de diversas fuerzas a convocarla.

La situación no estuvo exenta de serias tensiones donde Morales Bermúdez y su entorno intentaban tener presencia de alguna manera en la alternativa propuesta. Incluso las elecciones fueron postergadas por unas semanas a raíz de la deportación de un importante grupo de dirigentes políticos y sindicales.

Instalada por fin la asamblea, Víctor Raúl Haya de la Torre resultó elegido como presidente en el primer cargo público de su dilatada carrera como líder aprista. Las normas electorales establecieron por primera vez el voto preferencial respondido disciplinadamente por la candidatura aprista con la consigna de votar por la cabeza de lista, lo que le permitió a su jefe conseguir más de un millón de votos. El segundo lugar lo obtuvo el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes que recogió la votación que en parte hubiese obtenido Acción Popular del derrocado ex presidente Fernando Belaúnde Terry, quien dio la orden de no participar. La novedad la trajo la aparición de varios grupos de izquierda como el Frente Obrero Estudiantil y Popular, el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista Revolucionario, la Unidad Democrática Popular y el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, que sumaron en conjunto alrededor del tercio de la asamblea.

El presidente de la Constituyente Víctor Raúl Haya de la Torre, en el notable discurso inaugural, proclamó su soberanía, emanada del poder del pueblo. La Constituyente trabajó intensamente una nueva carta magna, la tercera del siglo XX mientras se perfilaban las candidaturas presidenciales para la nueva década.

Los asambleístas plantearon un nuevo orden constitucional sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual asumía que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y la eliminación, por tanto, de la explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado.

El Perú se integró así a la corriente de universalización de la democracia para construir un estado social y democrático de derecho, con una economía social de mercado. El Estado se comprometía al desarrollo de los bienes públicos, de la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, a fin de generar las condiciones para que la igualdad de derechos se haga realidad. Proponía una pluralidad de formas de propiedad, señalando que la iniciativa privada se ejercía reconociendo el interés general de la sociedad. Se sentaron las bases de un estado de bienestar, capaz de promover la justicia social en una economía moderna y diversificada.

Promulgada en la agonía de su presidente abrió una nueva etapa democrática. Las elecciones de 1980 las ganó Fernando Belaúnde Terry que pese a no participar en su elaboración suscribió de inmediato la nueva constitución. El nuevo periodo que despertó enormes expectativas empezó con una siniestra señal con el asalto a un pequeño caserío ayacuchano por Sendero Luminoso, un grupo armado, hasta entonces prácticamente desconocido.

La carta del 79 estuvo vigente durante una docena de años en los gobiernos de Belaúnde y Alan García Pérez, el primer presidente aprista. La década de los 80 se vio atravesada por la crisis de la deuda externa que golpeó severamente a toda la región latinoamericana y la acción terrorista de Sendero Luminoso. Ambos gobernantes pese a contar con mayorías parlamentarias y una considerable organización partidaria, no dieron respuestas acertadas a los fenómenos en curso, en particular, la violenta acción de Sendero Luminoso que operaba por encima de las coyunturas políticas y negaba cualquier tipo de participación electoral y de respeto a las instituciones. Su objetivo sin parangón en la dinámica de la política peruana era alcanzar el poder mediante el ejercicio implacable del terror para imponer la dictadura de su partido.

El panorama se enrareció con acciones represivas del Estado que no lograba derrotar a Sendero Luminoso mientras se profundizaba la crisis económica y se deterioraban las políticas públicas.

Las elecciones de 1990 le dieron el triunfo a la sorpresiva candidatura de Alberto Fujimori, ex rector de la Universidad Agraria, sin mayor presencia en la vida política. Al inicio propuso un plan de gobierno progresista que viró al poco tiempo por uno neoliberal prácticamente calcado del programa del Frente Democrático de Mario Vargas Llosa, a quien venció, gracias a que sumó los votos de la militancia aprista y la de las izquierdas. Su repentina cercanía con la derecha económica y con un resurgido militarismo lo llevó a dar un golpe de estado el 5 de abril de 1992 para imponer un gobierno autoritario, sin parlamento, sin justicia independiente, sin Tribunal de Garantías constitucionales, sin Ministerio Público, anulando las elecciones regionales y municipales.

La presión internacional ejercida a través de la Organización de Estados Americanos lo obligó a convocar una instancia que denominó Congreso Constituyente Democrático, en cuyas elecciones se negaron a participar las fuerzas que predominaron en los años 80 como el Apra, Acción Popular y la Izquierda Unida. Participaron, sin embargo, el Partido Popular Cristiano, además de un grupo de izquierda liderado por Henry Pease y las nuevas fuerzas fomentadas por el propio Fujimori, quien obtuvo 44 de los 80 escaños en disputa. La consigna del boicot podría traducirse en un 4.07% de votos blancos, un 19.79% de votos nulos y un 27.76% de abstención, lo que sumó un 51.62% del padrón electoral (1).

El texto elaborado por el CCD debía aprobarse en un referéndum el 31 de octubre. A partir de allí el país fue testigo de un escandaloso fraude denunciado por uno de los propios miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Dr. Juan Chávez Molina. Nunca hubo un resultado oficial pues los votos impugnados en varias zonas del país jamás fueron resueltos por el JNE. Incluso las actas finales de Arequipa acabaron groseramente adulteradas por personal que borraba sin ningún escrúpulo lo que llegaba por fax oficialmente. La trama la denunció con documentos irrefutables Chávez Molina (2), y la resume puntualmente su asistente Diego Molina (3). Así el Perú se rige por un texto fraudulento que nos confirma como un país mal constituido. De esta forma se impone el estado subsidiario, copiado de la constitución de Augusto Pinochet de 1980.

Implanta entonces el criterio de que el Estado solo puede participar en la economía de forma subsidiaria al interés del capital privado, trastocó por completo la relación entre lo público y lo privado. El privilegio del interés privado y de los dogmas neoclásicos sobre el mercado, acabaron por desmontar la función pública de representar el bien común.

El interés privado convirtió al lucro en el motor de su existencia al restringir la regulación pública, menospreciando las instituciones. El capítulo del régimen económico señala que el Estado solo puede tener presencia subsidiaria en el aparato productivo cuando no lo pueda hacer el capital privado. Mientras que introduce el régimen de los contratos-ley que impide que se legisle sobre ellos, aunque proclama una economía social de mercado el concepto queda totalmente vulnerado por la subsidiariedad del Estado (4).

La consecuencia salta a la vista: la fiebre privatista invade o precariza los servicios públicos. El aparato productivo acaba dominado por la delincuencia, la solidaridad o la cooperación desaparecen, mientras perduran tres décadas de corrupción generalizada en la administración pública, capturada por los privatizadores.

En consecuencia, el país no pudo superar la desigualdad ni la pobreza que subió al 60% al final de los 90, según datos del Banco Mundial. La recuperación democrática tras la fuga de Fujimori el año 2000 coincidió con lo que los economistas llaman el superciclo de las materias primas que duró entre 2003 y 2013. El aumento de los precios de los recursos naturales favoreció una reducción de la pobreza significativa a menos de la mitad. Al no aplicarse programas de desarrollo sostenible, dependientes de la oscilación de los precios de las materias primas, la pobreza ha vuelto a subir alrededor del 30% de la población, mientras las privatizaciones han deteriorado las políticas públicas en salud, educación, seguridad social e infraestructura.

La desregulación de la economía favorece abiertamente la informalidad y las economías delictivas (narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando, etc.) que llegan al 80% del aparato productivo con el consecuente efecto negativo en el comportamiento social y la moral pública (5). Al favorecer gigantescas inversiones extranjeras sin mayor control estatal como los puertos chinos que construye el Partido Comunista de ese país en la costa peruana para su uso en exclusividad junto con la presencia foránea en la minería, la energía y otros sectores nos retrotraen a las economías enclave propias de las primeras décadas del siglo XX (6).

En conclusión, pese a que la carta del 93 ha sufrido 45 modificaciones y cambiado un centenar de sus 206 artículos permanece inmodificable el capítulo económico sobre el estado subsidiario. Las fuerzas políticas que controlan el Congreso acusadas en su mayoría por el Ministerio Público como organizaciones criminales han logrado alterar las normas en favor de sus intereses subalternos con la complicidad del gobierno convirtiéndonos en un régimen híbrido en el cual la democracia se precariza. Uno de los objetivos para debilitarla apunta al desconocimiento de los tratados celebrados por el Estado que forman parte del derecho nacional (7) para permitir que los condenados por crímenes contra la humanidad sean amnistiados e incluso puedan postular a cargos públicos.

El Perú del siglo XXI para evitar el oscuro autoritarismo de los condenados debe rescatar el camino de la democracia de los derechos proclamada por la Constitución de 1979 si quiere superar la profunda crisis actual.

Lima, julio 2024.

Notas:

(1) Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_constituyentes_de_Per%C3%BA_de_1992

(2) Véase Juan Chávez Molina. Juan Chávez Molina (2000). Mis votos singulares. Historia del fraude que nunca se debe repetir. Lima: Horizonte; y Juan Chávez Molina (2005). Historia del fraude en las elecciones del Congreso Constituyente Democrático (CCD) y el referéndum para aprobar la nueva Constitución Política del Perú. Lima: Universidad Ricardo Palma.

(3) Diego Molina (2003). La Constitución según Chávez Molina. Historia de un fraude con liquid paper, Ideele, 159, noviembre del 2003, 71-73. Recuperado de https://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/159/159CHAVEZMOLINA.pdf

(4) Cf. los artículos de la Constitución Política del Perú de 1993 correspondientes al capítulo I, Principios generales, del Título III, Del régimen económico.

(5) Véase Basombrío C., Valdés, R. y Vera, D. (2023). Las economías criminales y su impacto en el Perú. ¿Cuáles? ¿cuánto? ¿dónde? ¿cómo? Lima: Capital Humano y Social S.A.

(6) Véase https://www.economist.com/the-americas/2024/07/04/chinas-presence-in-latin-america-has-expanded-dramatically

(7) Cf. Art. 55 de la Constitución Política del Perú de 1993.