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DEBATE CONSTITUCIONAL

Agustín Haya de la Torre

Publicado: 2021-05-06

El debate actual acerca del reemplazo de la Constitución de 1993 vuelve a la agenda tanto por la iniciativa de convocar una asamblea constituyente, propuesta por Perú Libre como por la defensa cerrada del texto de la dictadura por el fujimorismo y la oligarquía minero financiera.

La iniciativa del partido del candidato Pedro Castillo resulta singular. No se trata de una instancia nacida del sufragio universal, sino de una representación corporativa, compuesta por gremios y asociaciones civiles, a las que se incluirían personalidades escogidas.

Tales esquemas en tiempos democráticos arrastran siempre el problema de su designación, que solo es posible desde el reconocimiento que le otorgue el poder establecido. En el proceso revolucionario ruso aparecieron los soviets, asambleas de obreros, campesinos y soldados, alternativa de poder ante el derrumbe del zarismo, la última sobrevivencia del antiguo régimen en Europa. Una fórmula semejante la adoptaron Benito Mussolini en la Italia fascista. Luego francisco Franco durante su larga autocracia nacional católica.

En el supuesto de que el partido de Vladimir Cerrón gobierne, obviamente formará una constituyente a su imagen y semejanza, con los gremios que le sean favorables y los “expertos” que lo respalden.

Organizarla con dichas características con un resultado favorable en la segunda vuelta para Castillo, no sería tan difícil. Instalado el Congreso, en poco tiempo puede recurrir al mecanismo del rechazo a dos mociones de confianza presentadas por el Ejecutivo, lo que posibilita su disolución, aventurándose a nuevas elecciones parlamentarias. Incluso podría consultar al mismo tiempo su idea.

El contenido de una carta política de origen gremial, racial, religioso o sexual, daría lugar a un sistema ajeno a a la ciudadanía y al sufragio universales, cimientos del Estado social y democrático de derecho. Se consagraría el dominio del poder ejecutivo sobre la sociedad segmentada, debilitando o suprimiendo la división de poderes, la pluralidad política y la alternancia. Más aún sin el contrapeso de poderes ni entidades básicas del estado de derecho, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo. La democracia representativa sería suplida por una suerte de asambleas sectoriales que expresarían sus propios intereses al margen de la comunidad política, esto es, de la nación.

En caso triunfe el fujimorismo, la defensa del statu quo será cerrada, en particular lo que sus publicistas denominan “el modelo”. Es decir el estado subsidiario al servicio del interés particular de los oligopolios y monopolios.

EL ORIGEN ESPÚREO DEL TEXTO DEL 93

El repudio internacional al golpe del 5 de abril de 1992 obligó a reunir una constituyente. Fuerzas políticas como Acción Popular, el Apra y la Izquierda Unida decidieron no participar Si lo hicieron el PPC y una escisión de la IU, encabezada por Henry Pease, luego dirigente nacional de Perú Posible.

La mayoría gobiernista aprobó en poco tiempo su proyecto. Recortó derechos sociales y políticos e introdujo la noción del estado subsidiario,. Así dieron curso a un texto de clara orientación privatista, inspirado en el de Augusto Pinochet.

Sometida a referéndum, las fuerzas democráticas formaron el Comité Cívico por el No, que sumó un amplio espectro de partidos, y sindicatos, salvo por cierto a quienes aceptaron el Congreso Constituyente de la dictadura.

Culminada la consulta nunca se conoció el resultado. El país no logra resolver el escandaloso fraude con que la dictadura de Alberto Fujimori impuso su Constitución. Luego de su elaboración por el llamado Congreso Constituyente Democrático, debía someterse a referéndum. La votación del 31 de octubre nunca concluyó legalmente.

El conteo oficial interrumpido durante semanas, en medio de graves denuncias, en Puno, Ayacucho, Lima, Arequipa y sin computar las actas del extranjero, trató de cubrirse burdamente después de mes y medio, con una nota apócrifa en El Peruano del 10 de diciembre, en la que sin firma alguna daba por ganador al Sí, por una diferencia de 4.68%

Ante un hecho tan grotesco, la mayoría fujimorista anuló el aviso a los dos días. El 17 de diciembre conforme denunció Juan Chávez Molina, el único integrante del Jurado que no se sometió, se realizó la última sesión formal del organismo, donde sin resolver las impugnaciones que iban en aumento, la mayoría borró con liquid paper el resultado favorable al NO enviado por fax desde Arequipa, dando por ganadora la propuesta del régimen.

Chávez Molina denunció, valientemente la infamia, lo que le valió que su foto salga en el diario oficial al lado de Abimael Guzmán. A fin de mes una “oficina de relaciones públicas” sacaba de nuevo las cifras del aviso anulado del 10 de diciembre. Ni cortó ni perezoso el golpista la “promulgó”.

NEOLIBEREALISMO AUTORITARIO

El golpe del 92 y el fraude del 93 abren las puertas para el predominio político de los peores. La oclocracia soporta la alianza entre los grandes capitalistas y el clientelismo populista de la dictadura, organizada alrededor de la reducción del Estado.

Decenas de empresas públicas son rematadas a precio vil, se abren las puertas de forma incondicional al capital extranjero mientras la salud y la educación se convierten en mercancías. La policía también sufre los rigores de la privatización, al contraer su servicio público a quince días mensuales.

El presupuesto solventa negocios del capital financiero como las administradoras de pensiones, en realidad fondos de inversión formados con cuotas extraídas compulsivamente a los ciudadanos.

En diez años. el régimen neoliberal acuñado como Estado subsidiario crea las condiciones para una gigantesca corrupción cuyas consecuencias y responsabilidades siguen dañando al país.

El neoliberalismo trajo una modernización capitalista excluyente que consolidó las economías ilegales o delictivas, con severas consecuencias sociales, al punto de controlar las tres cuartas partes del aparato productivo.

Tres décadas de capitalismo salvaje debilitaron la administración pública, destruyeron los partidos e impusieron un esquema neoconservador mercantilista, donde todo, incluidas las conciencias, tiene precio.

La mafia Fujimori se convirtió en un factor de poder, protegida por la oligarquía minero financiera que la sabe útil para sus intereses.

La pandemia desnudó el falso discurso de la modernidad, situación que posibilita que las nuevas generaciones descubran la patente de corso que permite la desigualdad y la corrupción.

RESCATAR LA ALTERNATIVA

Ante el modelo privatista y la opción corporativa deviene la urgencia de retomar los principios de la Constitución de 1979, la más avanzada desde el nacimiento de la república, pues sustenta la organización del Estado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sancionada en 1948, su elaboración corrió a cargo de una comisión fomentada por la viuda de Franklin Roosevelt, que incorporó a destacados juristas e intelectuales del pensamiento ilustrado, que dieron vida a un documento cuyo punto de partida es el reconocimiento de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Se trata de una poderosa proclama en pro de la democracia y los valores republicanos basados en la dignidad de las personas, que considera al Estado como la cosa de todos, según la clásica definición del derecho romano. En su momento fue la respuesta a los totalitarismos de izquierda y derecha que llevaron al mundo a la barbarie de la II Guerra Mundial. El acuerdo abrió las puertas para una nueva fase de la civilización, por primera vez de alcance planetario.

Su desarrollo en medio de grandes contradicciones y dificultades, favoreció la descolonización, el reacomodo de las potencias mundiales, las pautas de la nueva fase de la globalización, de mejores condiciones para tratar el comercio, las relaciones internacionales, el medio ambiente y la diversidad cultural.

La Declaración y su evolución en diversos pactos y convenios que abarcan diferentes rubros de interés mundial, así como la gestación de entidades que los supervisen , dan curso a ideas fundamentales, como la defensa de los bienes públicos y la aparición de la justicia universal.

Se trata de un proceso en curso, que enfrenta graves problemas, pero que se convierte en un referente para lograr una fase superior de la civilización.

La propuesta fue recogida en los debates de la Asamblea Constituyente de 1978, resultado de la fuerte movilización social y política frente al desgaste de la junta militar de entonces.

Mérito histórico de las representaciones social demócratas y social cristianas encarnadas en el Partido Aprista y en el Partido Popular Cristiano, aprobada al final del año de sesiones establecido, fue promulgada y puesta en ejercicio por el gobierno libremente elegido de Fernando Belaúnde Terry.

Su vigencia se cruzó con el terrorismo desatado por Sendero Luminoso, empeñado en impedir a sangre y fuego la construcción de la democracia afianzada en la dignidad de la vida de las personas, a lo cual se añadió las severas dificultades probadas por la crisis de la deuda externa en América Latina.

La situación sirve de pretexto para el artero golpe de abril de 1992, cuyo objetivo era terminar con la Constitución más progresista que el Perú haya tenido.

Cuando recoge en sus primeros artículos los fundamentos de la Declaración Universal, establece bases sólidas para que el Estado señale como meta permanente la lucha contra la desigualdad y la discriminación. Ello obliga a que los gobiernos generen las condiciones para que los derechos se hagan realidad a partir de la dotación de bienes públicos suficientes. La igualdad de oportunidades se entiende entonces como punto de partida.

El ejercicio pleno del sufragio universal, del equilibrio de poderes, de la pluralidad y la alternancia, de las diversas formas de propiedad o de la iniciativa privada que respete el bien común, soportan el estado social y democrático de derecho y la economía social de mercado.

Nada obliga a sujetarse al falso dilema de escoger entre el fracasado esquema privatista que suprime derechos inalienables, desconociendo los bienes públicos, o el poder surgido de la raza o el estrato social. Existe la opción poderosa de reconstruir la democracia y forjar un estado de bienestar, sobre la base de que todas las personas somos libres e iguales .


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