Si algo de positivo trajo la primera vuelta es que en el lenguaje habitual de la gran prensa retornaron los términos izquierda y derecha. Arrinconados durante décadas por el “pensamiento único”, al punto que los popes de la restauración conservadora acostumbraban llamar la atención por su uso, calificándolo de anticuado, ahora sintoniza con el análisis político habitual.

Usuales desde que aparecieron a fines del siglo XVIII con la revolución francesa, se extendieron por el mundo. Si bien facilitan la clasificación de los partidos, no responden a un cartabón. Su aplicación varía de acuerdo a la historia y cultura de cada país.

En términos generales la izquierda se identifica con la igualdad y la justicia social, mientras que la derecha con el orden y la autoridad establecidos. De allí provienen diversas fórmulas, muchas veces en competencia.

Los valores republicanos y democráticos, resumidos en la postura ante los derechos humanos, el laicismo, los bienes públicos la diversidad cultural, la sexualidad o el medio ambiente, identifican en diferente grado a las fuerzas políticas.

Entre las de mayor respaldo electoral, dos se reclaman de izquierda y tres de derecha. El ganador, Perú Libre, al proponer el desconocimiento de la jurisdicción internacional de los derechos humanos, la disolución del Tribunal Constitucional, el rechazo a la igualdad de género y la educación sexual, la eliminación de la libertad de prensa, junto con el fortalecimiento de la propiedad estatal y una constituyente corporativa, está más cerca del socialismo del siglo XIX, determinado por la propiedad, con clara tendencia autoritaria. Digna de atención resulta también la fuerte vocación religiosa de su candidato.

Juntos por el Perú por el contrario asume los derechos fundamentales como su base programática. Reconoce la pluralidad y la alternancia del poder en un Estado social y democrático de derecho. Acepta diversas formas de propiedad junto al carácter regulador del Estado.

En el espectro antagónico, Fuerza Popular y Renovación Popular se identifican claramente con el orden neoliberal de la Constitución de 1993, que somete el Estado al interés del gran capital. Admiran la dictadura de Alberto Fujimori con el agravante de que su heredera enfrenta una acusación por lavado de activos a la cabeza de una organización criminal.

El movimiento del multimillonario Rafael López Aliaga intenta convertirse en el brazo político del Opus Dei, conocida rama de la ultraderecha católica.

Hernando de Soto alquiló un membrete cuyo nombre olvida, para hacer gala de un liberalismo raro, que proclama la paternidad de la dictadura de Fujimori.

Los candidatos del centro liberal desaparecieron, mientras que un partido tradicional como Acción Popular, soporta una tensión entre sus facciones de centro y derecha. Las aglomeraciones de la oclocracia no tuvieron mayor suerte, salvo Alianza para el Progreso de Acuña.

En suma la confrontación queda reducida ahora a una izquierda autoritaria y a la representante del colapsado modelo neoliberal.