Cambiar una constitución en Chile no resulta fácil. Desde 1833 apenas suma las de 1925 y 1980. En los primeros años de su formación republicana, una incierta correlación de fuerzas entre conservadores y liberales produjo por lo menos media docena de normas constitucionales o federales, luego superadas. 

La de 1925 propiciada por el presidente Arturo Alessandri, buscó crear un puente entre lo que llamaba la “canalla dorada” y su “querida chusma”. Así tras un plebiscito, el texto recogió demandas sociales mientras fortalecía la intervención pública, con un ánimo de conciliación de clases.

Rigió hasta el golpe de 1973, cuando el general Augusto Pinochet decidió reducir a sangre y fuego, el papel del Estado a la usanza del viejo capitalismo liberal del siglo XIX.

La dictadura recurrió a los economistas ultraliberales de la Escuela de Chicago para desmontar el aparato público, eliminar los derechos sociales e iniciar una intensa política de privatización. El impacto de las medidas conservadoras produjo un cierto crecimiento pero luego graves crisis que mostraron los límites de las teorías de Milton Friedman.

Pese a la publicidad de la derecha internacional, que lo consideraba un precursor de la ola neoconservadora que luego impulsarían Margaret Thatcher y Ronald Reagan, dejó al país con un 40% de pobreza con serios problemas que llevaron a su derrota en el plebiscito de 1988.

La democracia pudo recuperarse pero no tuvo la fuerza suficiente para cambiar la Constitución. Una serie de reformas a lo largo de tres décadas empezó a desmontar lentamente el aparato institucional del pinochetismo, aunque no alcanzó al núcleo principal, el Estado subsidiario. 

El régimen chileno, que copió Alberto Fujimori, convirtió al Estado en servidor del gran capital, dándole un papel residual en bienes públicos como la educación, la salud, la seguridad social o la vivienda.

Los gobiernos de la Concertación, en particular los encabezados por líderes socialistas como Ricardo Lagos o Michele Bachelet, intentaron morigerar los efectos tan negativos de la privatización pero no pudieron con el cartabón de 1980.

El hartazgo popular generó enormes movilizaciones que alcanzaron el clímax el año pasado. El gobierno de Sebastián Piñera no tuvo mas remedio que convocar a la consulta para el cambio, que consiguió el aplastante respaldo de casi el 80% del electorado.

La pandemia sacó a luz la pobreza que los conservadores ocultaban en un momento que ni los sectores medios soportan los caros sistemas de salud y educación o la estafa de los fondos privados de pensiones.

Los sureños no quieren más un modelo que enriquezca  a los ricos mientras produce desigualdad y discriminación. Apuestan por una nueva democracia, que garantice la realización de los derechos fundamentales, que reconozca la dignidad de todos los ciudadanos.