La descarnada realidad del país que saca a luz la pobreza en todas sus dimensiones, obliga a que el Estado se ponga al servicio de los ciudadanos.El drama de la debilidad institucional que revela las penosas consecuencias de precarizar los bienes públicos, no le deja margen a un gobierno que pese a sus intenciones , no le queda mas que manejar el naufragio del “modelo”. 

Mientras la tragedia de Iquitos conmueve al mundo, las clínicas particulares cobran 100 mil dólares por el tratamiento, lo que cuesta una planta de oxígeno suficiente para salvar a centenares de personas.

La plutocracia, dueña también de los grandes medios, defiende a rajatabla sus privilegios. Usa la estrategia perversa que le exige al gobierno resolver todo reclamo al minuto. Fanática de la misma ideología que recorta el presupuesto a la universidad nacional para que no forme profesionales calificados, que fomenta monopolios y oligopolios, que impide la producción de medicamentos o equipos de salud. Aniquiló compañías eficientes como Aeroperú, la Empresa Nacional de Transporte Urbano y las muy rentables mineras, saqueando miles de millones de dólares.

Experta en la ley del embudo, anuncian el avance al “comunismo” si alguien reivindica los principios sociales y democráticos de la Constitución de 1979, que consagraba los derechos humanos como base de la organización republicana, con una economía mixta y bienes universales de calidad.

Las urgencias sobrepasan el fracaso del modelo económico sancionado en el texto de 1993. El cartabón del Estado al servicio del interés privado no funciona. Los mantras neoclásicos del costo beneficio para lucrar, del mercado que asigna los recursos, del Estado mínimo, simplemente no sirven.

No hay forma de atender las necesidades comunes de 32 millones de personas sino se enfrenta desde el interés general, expresado en la institución estatal como cosa de todos, capaz de generar el bienestar.

El capítulo económico de la Carta fujimorista estableció cláusulas como el Estado subsidiario o los contratos ley por encima de la soberanía popular. La consecuencia práctica canceló empresas rentables rematadas a precio vil.

El “modelo” privatista nos retrotrajo a la época del contrato Grace o de la economía de enclave dominante desde el siglo XIX. Todo estaba en manos privadas que ni siquiera tributaban. La contraofensiva privatizadora se desbocó durante los años noventa, dando paso a un periodo de libertinaje, saqueo y corrupción.

El propósito de los que buscan rendijas para enfrentar las demandas ciudadanas, se estrella contra las reglas neoliberales que la nueva oligarquía grabó gracias al fraude, en el capítulo económico para enriquecerse a costa de la desigualdad.