¡Al ladrón, al ladrón¡ le gritan los sobornados a los fiscales del equipo Lava Jato, a propósito del audaz intento de los delincuentes de Odebrecht de recurrir al arbitraje internacional. 

Al instante los grandes medios sensibles a la influencia de las constructoras coparon sus espacios con los derrotados del 26 de enero. creyéndose en sus desaparecidos escaños, despotricaron a diestra y siniestra contra el “entreguismo” del Ministerio Público ante la “inevitable derrota del Perú”.

Los devotos del mantra de que lo privado es invencible y si es extranjero insuperable, no repararon en que la amenaza, de efectivizarse, no pasaría de la mesa de partes.

El CIADI no debe admitir solicitudes de empresas denunciadas por corrupción, menos todavía en un caso que afecta al continente. Cualquier decisión a favor de los asaltantes brasileños, acabaría no solo con su prestigio, sino probablemente con la misma institución.

Pasaría de entidad arbitral a una especie de fondo buitre, como los estudios de abogados estadounidenses que compran valores quebrados para luego, con jueces venales, lanzarse a cobrar el valor nominal.

Buena parte de la corte de los milagros de la corrupción, algunos de cuyos sicofantes no captan la aplastante pérdida de curules, proclamaron la catástrofe inminente.

La movida de la compañía trata de enredar el proceso. En ello andan hace rato. Cada vez queda más claro que los acusados calculan al milímetro que dato soltar. Incluso muestran un trato diferenciado con sus cómplices peruanos. Con algunos no toman ningún reparo en crucificarlos. Con otro peso pesado, son más cuidadosos. Llenos de remilgos, parece que se tratara de algo más que una amistad ocasional.

Firmado el acuerdo de colaboración eficaz el 2018, lo avanzado resulta impresionante. Cuatro presidentes acusados, de los cuales uno en proceso de extradición, otro se suicidó para no ir diez días a prisión. Los siguientes con comparecencia restringida, bienes incautados o prisión domiciliaria. Además una larga lista de funcionarios de confianza de los aludidos, acompañan a gobernadores, alcaldes, empresarios, tras las rejas.

La fiscalía centra las imputaciones en la financiación de campañas electorales o en sobornos que permitieran la adjudicación de las obras.

Falta ingresar a fondo en los beneficios obtenidos por las constructoras, a través de las adendas y otros mecanismos. Según los expertos ello puede superar los cinco mil millones de dólares, aunque de pronto la cifra quede corta.

Los zombies disueltos, incluidos sus abogados y periodistas, saben que su tarea es confundir. Hasta Aladino volvió a la carga, empeñado en probar que sigue controlando el Ministerio Público.

Veremos como se portan los nuevos congresistas, votados para combatir la podredumbre, aunque varios de ellos arrastran pesados procesos judiciales.