El esfuerzo del gobierno de Martín Vizcarra por corregir el error de otorgar la licencia de construcción en Tía María a la Southern, es respondido por la empresa y la derecha con furor, buscando vacar al gobernante. 

El esquema va dirigido a colocar en Palacio al oligarca y misógino Pedro Olaechea, presidente del Congreso. Respaldan a como de lugar los intereses de la empresa mexicana, apuntando a desmontar los avances en la lucha contra la corrupción.

Para ello grabaron un diálogo concertador con las autoridades arequipeñas. En ellas lo que la ciudadanía constata es una actitud madura y reflexiva del mandatario, que en buena hora propone suspender el permiso.

La reacción de la corrupta mayoría congresal, el gremio patronal y todo su elenco mediático, es desaforada. No les importan las 50 mil personas que viven de la actividad agrícola y ganadera en el Valle de Tambo. Menos las graves denuncias de contaminación ambiental que arrastra el Grupo México ni su negativa a comprometerse con políticas ambientales.

La Southern debe ser la única empresa de tal envergadura cuyo presidente ejecutivo, Oscar González Rocha, resulta acusado con un pedido de prisión de dos años y medio por daño ambiental. Acumula además dos docenas de procesos por perjuicios ambientales, solo en los últimos años. Encima no paga las multas impuestas por el organismo fiscalizador.

Arruinaron la bahía de Ite y valles adyacentes durante décadas, sin remediar el daño causado. Su explotación Los Chancas en Apurímac demuestra su estilo de capitalismo prepotente, arrasando cultivos y puquiales, perjudicando a los labriegos.

El Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, un extraño personaje que rara vez aparece en público, contaminó el Mar de Cortés el mes pasado. Pocos años antes causó un ecocidio en el río Sonora, mostrando el escaso cuidado para cumplir las leyes.

El elenco que la derecha suele sacar a luz cuando no pueden hacer lo que les da la gana, no consigue explicar, en sus propios términos, qué sucederá con los pobladores del productivo valle. Emplea mucho más gente que lo que podría conseguir la mina, siendo sobre todo una economía moderna y sostenible.

Como la gente no les importa ni menos el medio ambiente, creen encontrar el clima adecuado para traerse abajo al gobierno. La coalición de los podridos intenta matar dos pájaros de un tiro. Rasgándose las vestiduras por Tía María, distorsionando conversaciones que merecen aplauso, tratan de salvarse de la ruina política que para ellos significa el acuerdo de colaboración por el caso Lava Jato.

Sus “codinomes” los descubren sin piedad. El adelanto de elecciones les quita la inmunidad. La cárcel los espera.