Nadie entiende porque el gobierno otorga la licencia de construcción al proyecto minero Tía María de la Southern, para al día siguiente afirmar que no se aplicará mientras no se obtenga la licencia social. Criterio que no surge de la imaginación de las ONG's ni de activistas del medio ambiente, sino que resulta una exigencia propuesta por las propias empresas mineras en el mundo. 

Por alguna extraña razón, antes de la indispensable aprobación social, decidieron hacer las cosas al revés. La excusa de que “vencía el plazo”, bastante tonta. Todo el mundo sabe que los plazos administrativos se postergan cuando las circunstancias lo requieren. Encima cuando el referéndum entre los ciudadanos de la zona afectada rechazó abrumadoramente el proyecto, actitud ratificada con la elección de los líderes de la protesta como autoridades municipales,

Tras varios muertos, cuando muchos pensaban que ante la demolición del primer estudio de impacto ambiental por la oficina de proyectos de Naciones Unidas con sus 136 observaciones, la empresa optaría por un comportamiento más prudente, la cosa salió al revés.

Todo con la complicidad de un Estado subsidiario que le carga el maletín a los patrones. Incapaz no solo de cobrar multas por los pasivos ambientales sino de mantener las reglas del juego en defensa del medio ambiente y el interés nacional.

El chip neoliberal de los PPK no abandona al gobierno de Martín Vizcarra. Mientras apoya de manera loable la lucha contra la corrupción, cree que puede sorprender a los agricultores del Valle de Tambo con tal licencia.

Como todos preveían, recibió un portazo en las narices. La actitud de la Southern es bien conocida. Pese a que cambió de manos al Grupo México, su comportamiento no mejoró. El desastre de los relaves no solo es más que evidente, sino que sigue contaminando.

La gran minería ajustada al concepto de desarrollo sostenible en una economía diversificada, es necesaria para el país. Debe pagar los impuestos que corresponden y eliminarse exoneraciones absurdas.

Su peso en la tributación así como su proporción en el PBI, dependen del vaivén de los precios internacionales, además de la capacidad de los gobiernos de no ceder a ventajas que suelen deteriorar el rol gubernamental. El ciclo de precios altos terminó hace más de un lustro.

El problema de fondo con los agricultores de un valle productivo, incorporado al mercado, deviene del caos estatal impuesto por el neoliberalismo. No existe el mínimo ordenamiento territorial que establezca las prioridades productivas. Mientras sigamos ajenos a la planificación estratégica del desarrollo, el Estado subsidiario seguirá prendido del saco de los intereses del lucro empresarial.