La degeneración moral de quienes controlan las comisiones actualmente en el Congreso de la República parece no tener límites. Las últimas decisiones para descartar las acusaciones contra congresistas que como Moisés Mamani asaltan sexualmente a una aeromoza además de los falsificadores de títulos o certificados de estudios, resultan una práctica habitual. 

Rechazar el proceso para desaforar al puneño refleja con toda claridad el desprecio por los derechos de la mujer. El absurdo argumento de que ya lo sancionaron por un delito común, lo usan como pretexto de que no podrían desaforarlo porque no califica como delito de representación.

Tan increíble postura trata de minimizar el comportamiento de un congresista que subió ebrio a un avión, con gastos pagados por el Estado, para agredir sin miramientos a una dama.

Recordemos que desde que se conoció el caso todos los líderes fujimoristas pretendieron excusarlo. Ello prueba el peso que el personaje posee dentro de Fuerza Popular, donde se le reputa como uno de sus financistas.

El atropello sucedió meses atrás, sin que lo desaforen como se merece quien pisotea de esa forma la representación de la nación.

Lo mismo pasó con las acusaciones contra César Hinostroza o Pedro Chávarry. Son capaces de echar al tacho el pedido de un fiscal supremo, sólidamente fundamentado, con evidencias que todo el país ha visto, para basarse en una leguleyada, permitiendo que siga en el cargo,.

La lista de tropelías es larga. Siempre el argumento alude a algún detalle procesal por lo general interpretado arbitrariamente.

Sus pregoneros imponen la falacia de cumplir la norma al pie de la letra. Olvidan por completo que el orden constitucional se asienta en dos pilares. Por un lado, los procedimientos legales establecidos; y por otro, en los valores democráticos.

El uso denigrante del realismo político los lleva a olvidar que los valores fundamentales de la democracia son la libertad y la dignidad de las personas, que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por tanto si alguna norma no detalla la violación de un derecho, no es que no exista el delito, si no que deben defenderse por principio los derechos fundamentales.

Si un representante borracho violenta a una persona, si un fiscal manda robar oficinas lacradas, si otro magistrado se reúne con una banda y fuga sobornando funcionarios, queda clarísima la evidencia de sus delitos.

La propia Constitución establece el criterio de conciencia para aplicarlo cuando la norma no es suficiente. O el caso de la vacancia moral, que no se refiere a ninguna gazmoñería sino al cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos por parte del presidente.

Con tales actitudes la ciudadanía comprueba, una vez más, que el actual Congreso aparece controlado por la corrupción.