Las confesiones de Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú, terminaron por demoler las últimas coartadas de los políticos involucrados. Ningún presidente quedó fuera de las acusaciones, ni tampoco gobernadores y alcaldes. 

Todos proclamaban su inocencia. Cuando la evidencia resultaba irrefutable, a coro culpaban a sus testaferros. Como si hubiesen contratado al mismo libretista, incluso no tomaban en cuenta que los intermediarios ya los venían señalando.

Lo terrible es que los cuatro ex presidentes engañaron a prácticamente todo el espectro de la política peruana, de izquierda a derecha. Todos, empezando por Alejandro Toledo, despertaron la expectativa de la inauguración de un nuevo período democrático, tras la larga e hiper corrupta dictadura de Alberto Fujimori.

A estas alturas la evidencia demuestra que el régimen cleptocrático que inauguró Fujimori con el golpe de 1992, no terminó con su fuga al Japón. El breve interregno de un impecable Valentín Paniagua dio paso a elecciones libres pero no erradicó el veneno de la corrupción.

Varios factores le dieron forma a la prolongación de la cleptocracia. Para empezar la prórroga de la Constitución hechiza de 1993, que somete al Estado y la sociedad al interés privado. De allí que el “modelo” de capitalismo precario normalizara tanto el afán de lucro como la ilegalidad. Con más del 75% del aparato productivo al margen de la ley, el libertinaje moldeó una sociedad desaprensiva, anómica, donde la mayoría lucha por sobrevivir mientras las élites medran a su gusto.

Otra causa proviene de la debilidad institucional, a lo que se agrega la volatilidad de las fuerzas políticas. De los cuatro mandatarios, tres son fruto del azar, de la aventura personal por el poder. El único con trayectoria partidaria, el trágico Alan García, volvió a cometer los mismos errores. Pensó que una bien montada red de servidores lo protegería. Cuando descubrió su equívoco, se quitó la vida.

El Estado tuvo dinero pero en buena parte acabó en las arcas de gobernantes y grandes empresas.

A diferencia de la dictadura fujimorista, la democracia, mal que bien, permite las libertades que generan cierto grado de alerta cívica. Sobre todo, la sociedad vio como grata sorpresa la renovación generacional de una judicatura que durante décadas anduvo sujeta por la delincuencia.

Una labor ajustada al estado de derecho, con convicción y responsabilidad, les permitió a este sector de jueces y fiscales, enfrentarse tanto a sus enemigos internos como a los más poderosos políticos o empresarios.

La caída en desgracia de los cuatro presidentes corruptos es solo un primer paso, que podrá diluirse si no renovamos el sustento constituyente.