Suena raro pero el propio gobierno estaría a punto de meterse una zancadilla desconociendo los resultados de la consulta popular del 9 de diciembre. Su comisión de reforma política propuso apenas designado su responsable, que la clave de todo era la bicameralidad. 

Los ciudadanos no se enteran sobre los extraños entresijos que suceden tras los muros palaciegos, pero sí le queda claro al país que el propio presidente lanzó la exitosa consigna de votar afirmativamente salvo en la cuarta pregunta, referida a las dos cámaras.

Obtuvo casi 14 millones de votos negativos, por encima de las aprobadas. Digamos que el parlamento no anda muy prestigiado en la opinión pública, así que bastó una breve mención para traer abajo la idea.

Por arte de birlibirloque los comisionados vuelven al ataque. Sugieren cámaras gemelas, bajo el supuesto de que el Senado “pensaría” más que los diputados.

Lo que no entienden es que si el Ejecutivo, que carece de bancada propia, corre el riesgo de que para que respalden su proyecto, se arriesga a que le exijan la anulación de la no reelección inmediata, objetivo que no dejan de promover los oscuros congresistas.

El toma y daca le sacaría la vuelta sin atenuantes al 90% de votantes que lo rechazaron. Un peligroso juego que debilitaría la credibilidad democrática, convirtiendo al gobierno en una caricatura de si mismo. Nadie podría tomarlo en serio de allí en adelante, pues rompería su palabra.

Encima la comisión presenta una versión disminuida de una mala opción. Dos cámaras políticas no tienen sentido, pues no hacen más que entorpecer la marcha legislativa, provocando mayor desasosiego entre los ciudadanos.

No se les ha ocurrido siquiera proponer un cuerpo de origen demográfico, estrictamente político, más otro de carácter territorial, con funciones acotadas.

Si tal cosa tiene lugar ya sabemos qué pasará. Los senadores serán probablemente los parlamentarios actuales, encubridores de la corrupción o partícipes ellos mismos de situaciones turbias.

La Comisión Tuesta no se da cuenta que además de provocar una crisis de gobierno, no toca lo sustancial. El problema de la organización política del Perú no está en que los partidos se registren con más o menos firmas o militantes o que anule la ley seca. Ni siquiera en que tengamos dos cámaras semejantes.

El problema más grave proviene de la Constitución hechiza de 1993, que convirtió al Estado en subsidiario de los mercados. La privatización consecuente precarizó los bienes públicos y multiplicó la informalidad.

Así el Estado acaba convertido en un servidor del interés privado. Sometido al afán de lucro de los poderosos, abandonando la promoción y defensa del bien común.