La decisión del presidente del Congreso de cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza la formación de nuevas bancadas, marca el principio del fin del control autoritario e ilegítimo que la jefa de Fuerza Popular impuso en el parlamento.

Sabedora que la recolección de improvisados empresarios informales o aventureros locales de la política podía durarle poco, Keiko Fujimori consiguió que su abundante pero precaria bancada aprobase al inicio del presente régimen una ley que violaba la libertad de conciencia. Tergiversando la compra venta de representantes que su padre organizó, disfrazó el brulote como “ley contra el transfuguismo”.

Al poco rato las disidencias empezaron a producirse. No solo en dicho grupo sino en ese otro dechado de ventajistas que compone el membrete PPK, además de la inevitable división de la izquierda.

En una primera corrección, la flamante división del Frente Amplio logró su inscripción. Luego la señora K ajustó las clavijas aterrada por el riesgo. Así, veintiún congresistas siguieron desgranándose sin poder conformar grupo alguno, quedando marginados en sus derechos.

Finalmente el Tribunal Constitucional con una mayoría de cuatro de sus siete miembros, resolvió permitir la formación de nuevos grupos. Cierto que no declaró fundada la demanda que pretendía anular el artículo reglamentario, pero ello deriva de que para obtener tal resultado necesitaban cinco votos. Con tres fujimoristas recalcitrantes era imposible. Entonces recurrieron a una interpretación perfectamente válida, en el sentido de garantizar la libertad de conciencia.

Luego de medio año de espera, el presidente Daniel Salaverry aplicó la sentencia. La rabieta infantil de los voceros de Fuerza Popular pinta de cuerpo entero la pérdida de su poder. La lideresa montó con un grupo de empleados un equipo directriz con el que aplicaba un inconstitucional mandato imperativo sobre su gelatinosa bancada.

La certera investigación fiscal por el lavado de activos provenientes de la constructora Odebrecht, mostró los límites de la siempre dudosa fidelidad. Por lo menos dos de sus congresistas cantaron.

De inmediato el grupo escindido en el pleito cainita se registró como Cambio 21 al que se sumó la bancada Liberal, un puññado de ex PPK que renunciaron al enterarse de los sobornos recibidos por su jefe.

Quedan todavía una media docena en el aire, algunos sujetos a la absurda prepotencia fujimorista. En realidad carece de sentido reglamentar la libertad de conciencia, bajo el supuesto de que los partidos son una jaula y no la expresión de la libre asociación de ciudadanos.

El Congreso pato cojo puede mejorar su funcionamiento con las nuevas bancadas, que reducirán la presencia en comisiones y el manejo boticario de la señora Fujimori.