NO al financiamiento ilegal de partidos

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NEGATIVA CANTADA

Agustín Haya de la Torre

Publicado: 2018-12-06

La Convención Americana sobre Derecho de Asilo establece con toda claridad que solo se aplica en caso de persecución política, nunca por delitos comunes. Aprobada en 1954 a raíz del histórico caso de Víctor Raúl Haya de la Torre que buscó proteger su vida en la embajada de Colombia, rige desde entonces una de las mejores herramientas contra las dictaduras. 

El golpe de Odría desató una inmediata cacería contra sus opositores. Haya ingresó a la sede colombiana en 1949 sin que el tirano accediese a darle el salvoconducto necesario. De allí el recurso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que falló en dos ocasiones a su favor. Finalmente pudo salir del país aunque sin ciudadanía, que le fue reconocida generosamente por Uruguay.

En el caso de García, en un régimen democrático, bajo impedimento judicial de salida del país, por las investigaciones del escándalo Lava Jato, no existe razón política alguna. De allí la firme respuesta de Montevideo.

El asunto sirve para medir la vigencia del estado de derecho en la región. Al tratado de Caracas se suman una serie de pactos y convenios internacionales de lucha contra la corrupción, incluso uno suscrito hace muy poco tiempo en Lima.

La urgente defensa del sistema democrático de un flagelo de tal magnitud, lleva a los gobiernos a un comportamiento muy diferente. El error de apreciación resulta muy grave. No existe forma de convencer a nadie, salvo a los devotos de un trasnochado culto a la personalidad, de que lo suyo encaja como político.

Imputados como Pedro Pablo Kuczynski o Susana Villarán, pasan por el mismo impedimento de salida del país. A otros se les dictaminó prisión preventiva, no faltando quienes fugaron, como Alejandro Toledo o el maestro espiritista Jaime Yoshiyama.

Debemos evitar caer en la treta que vende una supuesta “judicialización de la política”, para soslayar que lo que vivimos es un verdadero asalto al Estado por parte de la corrupción, que no distingue ideologías. En todo caso debería legislarse acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque cae por su propio peso que tanto en el campo de la política como en otros sectores, muchas entidades se organizan con propósitos delictivos.

Derrotado en su huidiza estrategia, AG debería aplicarse las mismas normas que dio cuando dirigía el partido, solicitando licencia en su militancia para afrontar sus responsabilidades penales, sin comprometer a los demás.

De pronto ello permitiría que los parlamentarios apristas denuncien a las mafias, defiendan intereses populares y derechos sociales, en lugar de mostrarse adosados a la reaccionaria Fuerza Popular.


Escrito por

Agustín Haya

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