La clara intervención del presidente Martín Vizcarra planteando la cuestión de confianza puso contra la pared al renuente fujimorismo. Mes y medio entorpecieron el debate de las propuestas del 28 de julio, con declaraciones altaneras de que buena parte recién saldría el 2021 llevaron al enérgico discurso dominical. 

Como de costumbre, los seguidores de la señora K, aquellos que todavía piensan que lidera un partido político y no una empresa familiar para encubrir el saqueo de su dictadura, trataron de poner toda clase de obstáculos.

Ante el reto de verse confrontados con el voto si rehúsan la confianza, finalmente aceptan a regañadientes hasta la no reelección. Cierto es que los proyectos palaciegos cometen errores y comparten criterios extraños como los del Senado “reflexivo” al estilo de los consejos tribales del mundo antiguo, pero la grave coyuntura de la corrupción exige medidas drásticas, como la de librar al país de la casta fujimorista.

Cuando ingresa en la agenda un debate constitucional vuelve a discutirse la vigencia de la Carta hechiza de 1993. Originada en el golpe, elaborada por una asamblea de dudosa legitimidad, aprobada en una consulta fraudulenta, sufrió una treintena de modificaciones desde la recuperación de la democracia.

Todo ello mantuvo intocable su aliento privatista, expresado en el criterio del rol subsidiario del Estado, que trastoca por completo la relación entre lo público y lo privado. El absurdo coloca al interés particular por encima del interés nacional. De allí deviene la deformación social y económica que padece el país, donde los bienes públicos como la educación o la salud resultan precarios, maltratados, arrinconados u otros como la vivienda desaparecieron de la agenda pública. Incluso las infraestructuras no se someten al interés público sino al empresarial, provocando agujeros negros como Lava Jato.

Los alcances del Ejecutivo son urgentes pero no suficientes. Mientras no se recupere el espíritu del 79 de un orden constitucional social y democrático que fomente el estado de bienestar, el lucro que alienta la ilegalidad, seguirá perforando la vida republicana.