El gobierno venía torturándose con el contrato del aeropuerto de Chinchero, hasta que la Contraloría demostró que era un desastre. Incluso con responsabilidad penal de los funcionarios que plantearon una adenda que seguía favoreciendo a la empresa Kuntur Wasi. 

Afirmaban que el contrato era malo, pero que “debían cumplirlo”. A nadie le cabe duda de que una obra donde el Estado pone el 80% de la financiación, mientras que la concesión por tres décadas le otorga toda la ganancia a los privados, es un pésimo negocio.

O mejor, un negociazo. Una corriente de opinión en el Cusco impulsa desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, la “necesidad” de otro aeropuerto en una zona, de mayor altura que la del Velasco Astete. A partir de intereses de los propietarios de entonces, la propuesta caló, desechando otras alternativas. Ni siquiera se toman en cuenta que el acceso a a Macchu Picchu fijado por organismos internacionales, de 2500 turistas diarios, se encuentra ya copado.

No existe un clima para plantear una discusión responsable, Lo peor sin embargo, en plena escándalo de la gigantesca corrupción montada por las constructoras brasileñas, es la insistencia de la derecha de seguir adelante con el esquema de los contratos ley.

Impuestos por el artículo 62 de la Carta fujimorista, son, junto con el carácter subsidiario del Estado en la economía, las dos clausulas pétreas del capitalismo chicha que impera en nuestro país.

De acuerdo a dicho dispositivo, los contratos son garantizados y protegidos por el Estado, no pudiendo modificarse, No existe norma parecida en la legislación de América Latina o Europa, aparte de que tampoco resisten el menor análisis, pues desde 1993, se han modificado las veces que a las empresas les ha convenido.

Decenas de estudios se dedican a elaborar contratos fraudulentos, sabedores que van a ser santificados. Luego concurren al CIADI, organismo arbitral del Banco Mundial, con el descarado artículo 62 lanza en ristre.

Así el Perú pierde miles de millones de dólares, a manos de piratas como Odebrecht y sus socios, por supuesto también metidos en Chinchero.