En medio de los escándalos de corrupción que no dejan de asombrar al país, Fuerza Popular y sus amigos suprimieron el Decreto Legislativo 1323, promulgado a principios de enero. 

Dicho dispositivo modificaba el Código Penal, para fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, agravando las penas si las personas atacadas resultaban víctimas de la intolerancia y la discriminación, por razón de su sexo, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, entre otras especificaciones.

El decreto contemplaba una lacerante realidad frente a la cual, incomprensiblemente, ciertos sectores no solo cierran los ojos, sino que se dedican a justificar o promover la violencia contra segmentos vulnerables.

Tal comportamiento no refleja una sociedad sana. Por el contrario, revela un grave deterioro de la comprensión elemental que merecen las garantías constitucionales de la convivencia pacífica.

El reconocimiento de la violencia familiar o los feminicidios, cada vez más denunciados en una sociedad que suele apañarlos, es un síntoma de la gravedad del problema. Cotidianamente la crónica policial aparece repleta de espantosos crímenes machistas, de violación de menores por sus padres o de ataques sin ton ni son a homosexuales.

Incluso algunos colectivos religiosos emprenden desde hace años, una guerra santa contra la igualdad de género y la diversidad sexual. Con un lenguaje procaz, repleto de vulgaridades, incitan con descaro a la violencia. Citan mandatos asesinos del mundo antiguo, que ordenan repetir, conmoviendo a mentes ingenuas y supersticiosas, que creen cualquier cosa como afirmaba Baruch Spinoza.

La prédica del odio no anda muy lejana del tono senderista. Esta vez las víctimas son grupos indefensos, como las mujeres sometidas al dominio del macho, o los menores indefensos ante el instinto animal de sus progenitores.

El blanco favorito, sin duda, la comunidad LGTBI. El dilema, saber si el fujimorismo quiere convertirnos en una sociedad totalitaria.